EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Certiorari
Recurrido
2026 TSPR 71
v.
Ángel L. Hernández Díaz 218 DPR ___
Peticionario
Número del Caso: CC-2023-0270
Fecha: 30 de junio de 2026
Tribunal de Apelaciones:
Panel I
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcdo. Luis A. Gutiérrez Marcano
Sociedad para Asistencia Legal
Oficina del Procurador General:
Hon. Fernando Figueroa Santiago
Procurador General
Lcda. Liza M. Delgado González
Procuradora General Auxiliar
Materia: Sentencia con Opiniones de conformidad.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sala I
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v. CC-2023-0270
Ángel L. Hernández Díaz
Peticionario
Sala de Despacho integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Rivera García y el Juez Asociado señor Estrella Martínez
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2026.
Se revocan los dictámenes recurridos en el
presente caso y se ordena eliminar la información del
Sr. Ángel L. Hernández Díaz del Registro de Personas
Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores.
Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia
para la continuación de los procedimientos conforme
con lo aquí resuelto.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez emite una Opinión de conformidad a la cual
se unen el Juez Asociado señor Martínez Torres, el Juez
Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado
señor Colón Pérez. El Juez Asociado señor Estrella
Martínez emite una Opinión de conformidad. La Jueza
Asociada Rivera Pérez emite una Opinión de conformidad
a la cual se le une el Juez Asociado señor Candelario
López. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el
Juez Asociado señor Feliberti Cintrón disienten sin
opinión escrita.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
CC-2023-0270
v.
Ángel L. Hernández Díaz
Peticionario
La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emite una Opinión de conformidad a la cual se le unen el Juez Asociado señor Martínez Torres, el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor Colón Pérez
En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2026.
Nos compete resolver si los foros inferiores
erraron al dictaminar que no procedía eliminar la
información del Sr. Ángel L. Hernández Díaz (señor
Hernández Díaz) del Registro de Personas Convictas por
Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores (Registro).
Tras considerar la normativa relevante, estoy conforme
con recovar los dictámenes recurridos y eliminar su
información del Registro.
I.
El 8 de febrero de 2006 el Ministerio Público
presentó cuatro acusaciones contra el señor Hernández
Díaz por infringir el Artículo 105 (actos lascivos o
impúdicos) del Código Penal de Puerto Rico de 1974, Ley
CC-2023-0270 2
Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada,33 LPRA
ant. sec. 4067.1 Como parte de las acusaciones, el Ministerio
Público alegó que, al momento de los hechos, la víctima era
una menor de catorce años.
Luego de varios incidentes procesales, el señor
Hernández Díaz hizo una alegación de culpabilidad por las
cuatro acusaciones del delito de actos lascivos. Sin embargo,
como parte del preacuerdo con el Ministerio Público, se
eliminó el elemento de minoridad de la víctima. El 7 de julio
de 2006 el Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia
en su contra por los cuatro cargos y se le impuso una pena de
diez años, a cumplirse de forma concurrente mediante el
beneficio de sentencia suspendida. Además, como parte de la
Sentencia, se ordenó a que cumpliera con las disposiciones de
la Ley Núm. 266-2004, conocida como la Ley del Registro de
Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra
Menores, 4 LPRA sec. 536 et seq. (Ley Núm. 266-2004), lo cual
significó ingresar su información personal en el Registro.
Tras el señor Hernández Díaz extinguir su Sentencia, el
Departamento de Corrección y Rehabilitación emitió un
Certificado de Expiración de Sentencia en el cual certificó
que este había sido puesto en libertad a prueba el 7 de julio
de 2006 y que dicho periodo finalizó el 7 de julio de 2016.
Así las cosas, el 5 de octubre de 2022 el señor Hernández
Díaz presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción
1 Los hechos que dieron base a las acusaciones se cometieron en los años 2002 y 2003.
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mediante la cual solicitó eliminar su información personal
del Registro. Adujo que la Ley Núm. 28-1997, 4 LPRA ant. sec.
535 et seq. (ed. 2003), vigente al momento en que ocurrieron
los hechos que dieron paso al proceso penal, establecía que
una persona debía permanecer en el Registro por un periodo de
diez años desde que comenzó a cumplir la sentencia bajo el
beneficio de libertad a prueba y que este término ya había
vencido. Señaló, además, que la enmienda a la Ley Núm. 266-2004, establecida mediante la más reciente Ley Núm. 243-2011,
4 LPRA sec. 536 et seq., no incluyó la obligación del convicto
de estar en el Registro por el delito de actos lascivos contra
una persona adulta, sino que está limitado a cuando se comete
el delito de actos lascivos en contra de un menor. Por lo
anterior, arguyó que tenía derecho a que se eliminara su
información personal del Registro, por haberse excluido la
minoridad de la víctima en la alegación preacordada.
Después de considerar la solicitud del señor Hernández
Díaz, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en la
cual denegó el petitorio.
Insatisfecho, el señor Hernández Díaz presentó un
recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones
mediante el cual reiteró sus argumentos. El Ministerio
Público, por conducto de la Oficina del Procurador General,
presentó un Escrito en cumplimiento de orden en el que arguyó
que la ley que aplicaba al caso de autos era la Ley Núm. 243-2011 y que el señor Hernández Díaz debía permanecer inscrito
de por vida por ser un Ofensor Sexual Tipo III. Esto así,
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pues resultó convicto por el delito de actos lascivos y su
víctima, como cuestión de hecho, era menor de edad.
Analizados los escritos de las partes, el foro apelativo
intermedio notificó una Resolución en virtud de la cual denegó
expedir el auto.
Finalmente, el señor Hernández Díaz presentó el recurso
de Certiorari que nos ocupa. En este, replanteó los argumentos
que había esbozado ante los foros inferiores, es decir: (1)
que la Ley Núm. 243-2011 no incluye el delito de actos
lascivos sin el elemento de minoridad y (2) que ya cumplió
con el término de diez años impuestos por la ley aplicable a
su caso, sea la vigente al momento en que ocurrieron los
hechos o la vigente al momento en que se le acusó. De otra
parte, la Oficina del Procurador General presentó su alegato,
en el que arguyó que la Ley Núm. 266-2004: (1) incluye el
delito de actos lascivos, aunque la víctima sea mayor de edad,
y (2) requiere que el término de inscripción de diez años se
cuente desde que cumplió la condena, lo cual, en este caso,
sería hasta el 7 de julio de 2026.
Contando con la comparecencia de las partes, resolvemos.
II.
La Ley Núm. 28-1997 estableció por primera vez en Puerto
Rico el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales
Violentos y Abuso Contra Menores. Esta medida se aprobó en
cumplimiento con el estatuto federal Jacob Watterling Crimes
Against Children and Sexually Violent Offender Registration
Program, 42 USC sec. 14071 et seq., el cual requirió a los
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estados, y a Puerto Rico, adoptar una legislación para que
personas convictas por ciertos delitos de naturaleza sexual
y de abuso contra menores de edad tuvieran que inscribirse en
un registro público.
En particular, el Artículo 3 de la Ley Núm. 28-1997, 4
LPRA ant. sec. 535(a) (ed. 2003), ordenaba la inscripción en
el Registro de las personas que resultaran convictas por
alguno de los siguientes delitos o su tentativa: violación,
seducción, sodomía, actos lascivos o impúdicos; proxenetismo,
rufianismo o comercio de personas cuando la víctima fuere
menor de dieciocho años y el delito agravado; delito contra
la protección a menores, incesto, restricción de libertad
cuando la víctima fuere menor de dieciséis años y no fuere su
hijo o su hija, secuestro cuando la víctima fuere menor de
dieciocho años y no fuere su hijo, robo de menores, perversión
de menores cuando se admitiere o retuviere a un menor de
dieciocho años en una casa de prostitución o sodomía; maltrato
agravado de un menor y agresión sexual conyugal, y el delito
de maltrato a menores.
Además, el Artículo 5 de la referida ley disponía que la
persona convicta se mantendría “en el Registro por un período
mínimo de diez (10) años desde que la persona cumpl[iera] la
sentencia de reclusión, desde que comenz[ase] a cumplir la
sentencia bajo el beneficio de libertad a prueba o desde que
[fuese] liberada bajo palabra”. 4 LPRA ant. sec. 535c (ed.
2003). Una vez transcurrido ese término, el nombre y los
datos de la persona debían eliminarse del Registro. Íd.
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Posteriormente, la Ley Núm. 28-1997 se derogó mediante
la Ley Núm. 266-2004. En este nuevo estatuto se reafirmaron
las consideraciones de política pública que motivaron la
adopción de la Ley Núm. 28-1997. Particularmente, la Asamblea
Legislativa reiteró que el Estado tenía el deber de “continuar
ampliando el marco de acción y adoptar un enfoque de carácter
preventivo” mediante la “recopilación y divulgación de
información relativa a las personas convictas de delitos
sexuales y abuso contra menores”. Exposición de Motivos de la
Ley Núm. 266-2004 (2004 [Parte 1] Leyes de Puerto Rico 2015).
En síntesis, la Ley Núm. 266-2004 no varió el listado de
delitos ni el tiempo durante el cual el Estado debía mantener
la información de la persona en el Registro. A saber, el
Artículo 3(a) de la Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA ant. sec. 536a,
reiteró la obligación de inscribir a las personas convictas
por los delitos de actos lascivos o impúdicos.
Sin embargo, la referida ley modificó el momento a partir
del cual se comenzaba a calcular el período de inscripción.
Según el Artículo 5 de la Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA ant. sec
536c (ed. 2010), el periodo de inscripción de diez años para
toda persona convicta debía contarse desde que la persona
extinguía el término de su sentencia. Esta disposición omitió
la distinción reconocida en el estatuto derogado entre las
personas que cumplían su sentencia en una institución
penitenciaria y aquellas que lo hacían en la libre comunidad,
quienes, bajo la ley anterior, tenían la obligación de CC-2023-0270 7
inscribirse en el Registro desde antes de haberse extinguido
su sentencia.
Finalmente, la Ley Núm. 243-2011 enmendó la Ley Núm.
266-2004 para atemperarla a la Ley Federal Núm. 109-248 de 27
de julio de 2006, conocida como Adam Walsh Child Protection
and Safety Act of 2006 o Sex Offender Registration and
Notification Act (SORNA). Esta ley federal impone unas
obligaciones mínimas a los estados y territorios de los
Estados Unidos. Al adoptar los requisitos mínimos de la ley
SORNA, el Artículo 2 de la Ley Núm. 243-2011, supra, enmendó
la Ley Núm. 266-2004 para establecer tres clasificaciones
para los ofensores sexuales basadas en el delito sexual
cometido, enmendando de forma sustancial las obligaciones de
la persona sujeta al Registro. La clasificación de Ofensor
Sexual Tipo I conlleva permanecer en el Registro por quince
años; por otro lado, el Ofensor Sexual Tipo II tiene que estar
inscrito durante veinticinco años, y el Ofensor Sexual Tipo
III debe permanecer inscrito por el resto de su vida. 4 LPRA
sec. 536c. Mediante este esquema regulatorio, la Asamblea
Legislativa eliminó el término uniforme de diez años que
contemplaba anteriormente la ley y lo sustituyó por un término
específico, basado en la gravedad de los delitos. 4 LPRA sec.
536.
La Ley Núm. 243-2011 también introdujo ciertas enmiendas
a la Ley Núm. 266-2004 con relación al delito de actos
lascivos, con el propósito de categorizar a personas
convictas por este delito de acuerdo con la edad de la
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víctima. Si la víctima era menor de edad, pero no menor de
dieciséis años al momento que se cometió el delito, el
convicto será catalogado como Ofensor Sexual Tipo II. Íd. Si
la víctima no había cumplido los dieciséis años cuando se
cometió el delito, el convicto será registrado como un Ofensor
Sexual Tipo III. Íd. Dicho esto, la Ley Núm. 266-2004 según
enmendada por la Ley Núm. 243-2011, no incluye una categoría
de Ofensor Sexual para las personas convictas por el delito
de actos lascivos cometido contra una persona mayor de edad.
III.
En Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 (2019), este
Tribunal se enfrentó a una controversia en la cual se
cuestionaba la constitucionalidad de aplicar las
disposiciones de la Ley Núm. 266-2004, según enmendada, de
manera retroactiva. Una mayoría de este Tribunal aplicó los
criterios esbozados por la Corte Suprema de los Estados Unidos
en Smith v. Doe, 538 US 84 (2003), es decir,
(1) si la sanción impuesta se ha considerado históricamente
como un “castigo”[…]; (2) si la legislación establece alguna
discapacidad o restricción para su implantación; (3) si la
medida legislativa aplica a una conducta ya considerada como
un delito; (4) si la legislación tiene una relación racional
con un propósito no punitivo, y (5) si la medida legislativa
resulta excesiva en contraposición a ese propósito no
punitivo. Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 992.
Luego de llevar a cabo el examen de rigor, la mayoría
resolvió, de manera errada, que la aplicación retroactiva de
las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011 a la Ley
Núm. 266-2004 no violaban la prohibición constitucional en
contra de la aplicación de leyes ex post facto. Pueblo v.
Ferrer Maldonado, supra, pág. 999. Asimismo, concluyó que CC-2023-0270 9
todas las disposiciones contenidas en las enmiendas
introducidas por la Ley Núm. 243-2011 aplican de forma
retroactiva, independientemente de si la persona que impugna
su anotación en el Registro arguye que, en su situación
particular, corresponde emplear el principio de
favorabilidad, conforme a lo resuelto en Pueblo v. Hernández
García, 186 DPR 656 (2012). (Negrilla suplida) Íd.
En aquel momento, emití un voto disidente porque, a mi
juicio, aplicar retroactivamente la Ley Núm. 243-2011 a los
hechos de ese caso agravaría el efecto punitivo de sus
disposiciones. En particular, lo que resolvió la mayoría
resultó en una inscripción permanente en el Registro, en lugar
del término fijo de diez años. Esto tuvo el efecto de empeorar
las consecuencias sancionadoras de la convicción de la
persona involucrada, violando la prohibición contra las leyes
ex post facto. Empero, distingo ese caso de la controversia
de marras.
Aquí se alega que las enmiendas más recientes a la
legislación aplicable -a saber, la Ley Núm. 234-2011- no
contemplan el delito por el cual se sentenció al señor
Hernández Díaz. Por ello, arguye que, conforme a la
legislación actual, no se le debió incluir en el Registro. Es
necesario resaltar que las enmiendas que resultaron en la
omisión del delito redundarían en un beneficio que favorece
al señor Hernández Díaz. Es decir, no resultaría en una carga
adicional, pues esta exclusión invalida su inscripción en el
Registro. Ante esto, y en cumplimiento con el principio de
favorabilidad, concluyo que la Ley Núm. 243-2011 es la pieza
legislativa aplicable a la controversia ante nos por ser la
más benigna.
CC-2023-0270 10
Habida cuenta de lo anterior, se recalca que se le imputó
al señor Hernández Díaz cometer actos lascivos contra una
menor de edad. No obstante, a través de una alegación
preacordada, este fue convicto sin el elemento de minoridad.
De acuerdo con la Ley Núm. 243-2011, un “convicto” para
efectos de la obligación de ingresar en el Registro es toda
persona convicta por algún delito, sus tentativas o
conspiraciones, según establecidos en esta ley. Reitero, en
primer lugar, que ninguno de los tres tipos de Ofensores
Sexuales contemplados en la precitada ley considera el delito
de actos lascivos contra una persona adulta.
Por otra parte, el Artículo 3(b) de la Ley Núm. 266-2004, supra, expone que serán registradas “[l]as personas
convictas que disfruten de libertad bajo palabra,
condicionada, libertad a prueba, o algún método alterno de
cumplimiento de la pena de reclusión, por alguno de los
delitos o sus tentativas, según enumerados en el Artículo 2
de esta Ley”. (Negrilla suplida). El Artículo 2, supra,
define “Ofensor Sexual” y “Delito Sexual” de manera que se
debe interpretar que toda persona convicta de un delito que
tenga como elemento constitutivo un acto sexual o una conducta
sexual debe constar en el Registro.
Bien sabemos que el delito de actos lascivos o impúdicos
sanciona conducta delictiva de naturaleza sexual; además, el
señor Hernández Díaz fue puesto a libertad a prueba, tal como
estatuye el Artículo 3, supra. Sin embargo, por razones
desconocidas, la Ley Núm. 243-2011 nunca deja claro el término CC-2023-0270 11
aplicable cuando se encuentra a una persona culpable por el
referido delito en contra de una persona mayor de edad. Ante
una laguna de esta magnitud, nos corresponde limitar nuestra
intervención judicial y evitar aplicar términos a ciegas.
Hacer lo contrario conllevaría un uso indebido de nuestras
facultades revisoras.
El lenguaje expreso sobre los actos lascivos en diversas
modalidades se eliminó de la legislación aplicable, solo
dejando alusión al elemento de la minoridad de la víctima. No
cabe más que concluir que la información del señor Hernández
Díaz no debe constar en el Registro.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v. CC-2023-0270
Ángel L. Hernández Díaz
Peticionario
Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor
Estrella Martínez
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2026.
Nos encontramos ante una controversia singular que
permitía pautar y reconocer un balance entre los derechos
de las víctimas de delito y los de las personas que deben
figurar en el Registro de Personas Convictas por Delitos
Sexuales y Abuso Contra Menores. Hoy, lamentablemente, se
perdió esa oportunidad.
En consecuencia, aunque reconozco que el peticionario
en este caso cumplió más allá del término por el cual
debía permanecer inscrito y, por tanto, procede eliminar
su información del referido registro, considero que
debimos pautar que la Ley Núm. 266-2004, infra, aun
enmendada por la Ley Núm. 243-2011, infra, exige que toda
persona convicta por actos lascivos o impúdicos figure en
el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y
Abuso Contra Menores, incluso cuando en la sentencia se
haya eliminado la alegación de minoridad de la víctima o
CC-2023-0270 2
cuando el delito haya recaído sobre una persona mayor de
edad, entendiéndose, para los fines de esta ley, a quienes
tengan dieciocho (18) años o más.
Con este breve contexto, procedo a examinar los
hechos procesales que enmarcan la controversia para
ofrecer un análisis completo de mi interpretación de la
materia.
I
Como trasfondo del asunto ante nuestra consideración,
el 8 de febrero de 2006 el Ministerio Público presentó
cuatro (4) acusaciones contra el Sr. Ángel L. Hernández
Díaz (señor Hernández Díaz o peticionario) por violaciones
al Art. 105 del derogado Código Penal de 1974 (actos
lascivos o impúdicos), 33 LPRA ant. sec. 4067, por eventos
ocurridos entre los años 2002 y 2003. En los cargos
formulados se alegó que, al momento de los hechos, la
víctima era menor de catorce (14) años. No obstante, como
resultado de un preacuerdo, el peticionario se declaró
culpable de los cuatro (4) delitos imputados, con la
eliminación del elemento de minoridad de la víctima.
El 7 de julio de 2006, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Sentencia en la que le impuso al
peticionario una pena de diez (10) años por cada uno de
los cargos, a cumplirse de forma concurrente mediante el
beneficio de sentencia suspendida, de conformidad con la
CC-2023-0270 3
Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, la Ley de Sentencia
Suspendida y Libertad a Prueba, 34 LPRA sec. 1026 et seq.
Además, el foro de primera instancia le ordenó
cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 266-2004, la
Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos
Sexuales y Abuso Contra Menores, 4 LPRA sec. 536 et seq.,
lo que implicó ingresar su información personal en tal
Registro. Adviértase que, para ese entonces, esta ley no
había sido enmendada por la Ley Núm. 243-2011, infra, por
lo que, como se detallará más adelante, toda persona
obligada a inscribirse debía permanecer registrada por un
término de diez (10) años.
Más tarde, el 22 de octubre de 2021, el Departamento
de Corrección y Rehabilitación expidió un Certificado de
expiración de Sentencia, el cual acreditó que el señor
Hernández Díaz permaneció en libertad a prueba desde el 7
de julio de 2006 hasta el 7 de julio de 2016, fecha en que
culminó su período de probatoria.1
El 5 de octubre de 2022, el peticionario acudió al
foro primario y solicitó la eliminación de su información
del Registro. Adujo que la derogada Ley Núm. 28-1997,
infra, vigente al momento de los hechos que dieron base a
las acusaciones en su contra, disponía que la persona
debía permanecer inscrita en el Registro por un período
1Véase Certificado de expiración de Sentencia,
Apéndice de la Petición de certiorari del señor Hernández
Díaz, pág. 34.
CC-2023-0270 4
de diez (10) años desde que comenzó a cumplir la sentencia
bajo el beneficio de libertad a prueba, término que ya
había transcurrido.
Asimismo, el peticionario argumentó que la enmienda
introducida por la Ley Núm. 243-2011, infra, a la Ley Núm.
266-2004, supra, vigente al presente, no solo dejó de
incluir, sino que eliminó la obligación de inscripción en
el Registro para el delito de actos lascivos cuando este
se comete contra una persona adulta. Por eso, planteó que
la obligación de registrarse se limita a los casos en los
que la persona perjudicada es menor de edad. En virtud de
ello, y considerando que en su caso se eliminó la alegación
de minoridad de la víctima, sostuvo que tenía derecho a
que su información personal fuera excluida del Registro.
En atención a lo anterior, el 13 de enero de 2023,
el Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar a la
solicitud del señor Hernández Díaz.2
El 13 de febrero de 2023, el peticionario acudió al
Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari
en el que reiteró los planeamientos señalados ante el foro
primario. Por su parte, el Procurador General arguyó que
la ley aplicable al caso era la Ley Núm. 243-2011, infra,
y que el peticionario debía permanecer inscrito de por
2 En su determinación, el foro primario consignó de
manera puntual lo siguiente: “No ha lugar a la solicitud de
eliminación del nombre del Registro de ofensores sexuales”.
Íd., Notificación del Tribunal de Primera Instancia, pág.
23.
CC-2023-0270 5
vida por ser un Ofensor Sexual Tipo III. Según su criterio,
ello se debía a que el peticionario fue convicto del delito
de actos lascivos y que, como cuestión de hecho, su víctima
era menor de edad. Esto, independientemente de que se
declaró culpable de actos lascivos sin el elemento de
minoridad de la víctima.
Tras examinar los planteamientos presentados por las
partes, el 29 de marzo de 2023, el Tribunal de Apelaciones
denegó expedir el recurso de certiorari.3
Inconforme, el 28 de abril de 2023, el peticionario
compareció ante este Tribunal mediante un auto de
certiorari. En resumen, señaló que la Ley Núm. 243-2011,
infra, no incluye el delito de actos lascivos sin el
elemento de minoridad de la víctima entre los delitos que
generan la obligación de inscripción en el Registro. En
la alternativa, alegó que, incluso si se requiriera su
inscripción en el Registro, había cumplido con el término
3 A pesar de que no expidió el recurso, el foro
intermedio realizó una expresión que va dirigida,
precisamente, a los méritos de la controversia:
En el presente caso, el señor Hernández Díaz fue
convicto por el delito de actos lascivos o impúdicos
según tipificado en el Artículo 105 del Código Penal
de 1974, por lo que este es considerado un Ofensor
Sexual Tipo III. Recordemos que la Ley núm. 243-2011
modificó el esquema de clasificación de los ofensores
sexuales según la gravedad del delito cometido.
Cónsono con el esquema establecido por el estatuto,
este debe permanecer inscrito de por vida en el
Registro de Ofensores Sexuales. Íd., Resolución del
Tribunal de Apelaciones, pág. 65. Este caso fue
identificado con el alfanumérico KLCE202300136.
CC-2023-0270 6
de inscripción aplicable de diez (10) años, ya fuera
conforme a la ley vigente al momento de los hechos, la Ley
Núm. 28-1997, infra, la cual establecía un período de diez
(10) años desde que, en lo pertinente, la persona
comenzaba a cumplir la sentencia bajo el beneficio de
libertad a prueba, o conforme a la ley vigente, la Ley
Núm. 266-2004, supra, tras mantener un récord negativo de
antecedentes penales por un mínimo de diez (10) años.
Por el contrario, y a diferencia de lo alegado ante
el foro intermedio, el Procurador General expuso que la
Ley Núm. 266-2004, supra: (1) incluye el delito de actos
lascivos, aunque la víctima sea mayor de edad, entre
aquellos que activan la obligación de inscribir a la
persona convicta en el Registro, clasificándola como
Ofensor Sexual Tipo II;4 (2) requiere que el término de
En específico, para el Procurador General, la
4
Asamblea Legislativa realizó dos valoraciones o
distinciones importantes: una, cuando la persona incurre en
el delito en sí mismo, y otra, cuando la persona incurre en
la tentativa del delito o su conspiración. Según su postura,
en esos dos últimos escenarios –tentativa o conspiración–
el Legislador condicionó su inscripción como Ofensor Sexual
Tipo II a “cuando la víctima fuere un menor de edad”.
Añade que, bajo un análisis lingüístico, no cabe duda
de que la inclusión de la conjunción “o” en la definición
de “Ofensor Sexual Tipo II”, que establece: “Personas que
resulten convictas por los siguientes delitos o su tentativa
o conspiración cuando la víctima fuere un menor de edad…”,
separa los escenarios de la tentativa y la conspiración de
los delitos enumerados, con el fin de exigir la inscripción
en estos casos únicamente a quienes intentan cometer el
acto contra menores de edad. Es decir, “si una persona
incurre en el delito en sí de actos lascivos, no hace
diferencia si la víctima es menor o mayor de edad porque la
CC-2023-0270 7
inscripción de veinticinco (25) años aplicable a un
Ofensor Sexual Tipo II se compute desde que la persona
inicie, entre otros supuestos, su probatoria; (3) por
ende, mandata que el señor Hernández Díaz debe permanecer
inscrito desde que comenzó su probatoria en julio de 2006
hasta julio de 2031; y (4) de forma alternativa, contiene
en su Art. 2 una “cláusula residual” que define como
“Ofensor Sexual” a toda persona convicta por delitos de
índole sexual, con el fin de asegurar que queden cubiertos
todos los delitos de esa naturaleza cuyo registro es la
razón principal de la legislación, por lo que el
peticionario debe inscribirse en el Registro.
Conforme a lo expuesto y en cuanto a la controversia
medular de este caso, este Tribunal debió erradicar, sin
ambages, la noción de que las personas convictas por el
delito de actos lascivos por sí solo —a saber, sin el
elemento de minoridad de la persona perjudicada, lo que
equivale a decir cuando se comete contra una persona mayor
de edad—, no están obligadas a ingresar su información al
Registro tras la aplicación retroactiva de las
disposiciones de la Ley Núm. 243-2011, infra.
ley requiere su inscripción en el Registro [como Ofensor
Sexual Tipo II], independientemente de ese elemento. No
obstante, si la persona incurre en la tentativa o la
conspiración del delito de actos lascivos, por ejemplo,
habrá que registrarlo únicamente si la víctima es menor de
edad [como Ofensor Sexual Tipo II].” Véase Alegato de El
Pueblo de Puerto Rico, pág. 2.
CC-2023-0270 8
Con esa aspiración en mente, procedo a exponer el marco
jurídico que sustenta mi postura.
II
A.
Es pertinente mencionar que la Ley Núm. 28-1997, 4 LPRA
ant. sec. 531 et seq., estableció por primera vez en Puerto
Rico el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales
Violentos y Abuso Contra Menores.5 El propósito del aludido
Registro, al amparo de esa ley, era mantener informadas a
las autoridades gubernamentales y a la ciudadanía en general
sobre el paradero de aquellas personas que habían sido
convictas de delitos sexuales violentos o de abuso contra
menores de edad y que se reintegraron a la libre comunidad.
Art. 1 de la Ley Núm. 28-1997, 4 LPRA ant. sec. 531. Ello,
como un medio para garantizar la seguridad, protección y el
bienestar general. Íd. En consecuencia, en tal Registro debía
incluirse el nombre, dirección, fotografía y otra
información personal de quienes, por ley, debían inscribirse
en él.
5 En aquel entonces, esta legislación se adoptó en
atención a la ley federal Jacob Wetterling Crimes Against
Children and Sexually Violent Offender Reistration Program,
42 USC sec. 14071 et seq. En concreto, esa ley requería a
los estados y a los territorios de Estados Unidos crear un
registro con el propósito de que las personas convictas por
cometer ciertos delitos sexuales y contra menores
estuviesen obligadas a inscribirse antes de reintegrarse a
la libre comunidad. Véase Segundo Informe del P. de la C.
540, 19 de junio de 1997, 1era Sesión Ordinaria, 13era
Asamblea Legislativa, pág. 10.
CC-2023-0270 9
A esos fines, el Art. 3(a) de la Ley Núm. 28-1997, 4
LPRA ant. sec. 535a, delimitaba las personas que debían
figurar inscritas en el Registro, entre las cuales se incluía
toda persona que cometiera el delito de actos lascivos o
impúdicos. En armonía con lo anterior, esa ley ordenó
expresamente la inscripción en el Registro de las personas
convictas por ese delito, conforme al derogado Código Penal
de 1974. Placer Román v. ELA y otros, 193 DPR 821, 849 (2015)
(Sentencia) (Op. concurrente del Juez Asociado señor
Estrella Martínez).
Por otra parte, el Art. 5 de la referida ley disponía
que la persona convicta permanecería “en el Registro por un
período de diez (10) años desde que la persona cumplió la
sentencia de reclusión, desde que comenzó a cumplir la
sentencia bajo el beneficio de libertad a prueba o desde que
es liberada bajo palabra”. 4 LPRA ant. sec. 535c.
Por lo tanto, la información de la persona convicta
debía mantenerse en el Registro por diez (10) años,
computados a partir de cualquiera de los siguientes momentos:
(1) desde que la persona convicta cumpliera la sentencia de
reclusión, o (2) desde que la persona convicta comenzara a
cumplir la sentencia bajo el beneficio de libertad a prueba
o bajo palabra. Placer Román v. ELA y otros, supra, págs.
849-850.
CC-2023-0270 10
Sin embargo, esta ley fue derogada con el fin de
promover un nuevo estatuto de mayor cobertura, el cual
discuto a continuación.
B.
La Asamblea Legislativa derogó la Ley Núm. 28-1997 con
la aprobación de la Ley Núm. 266-2004, conocida como la Ley
del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y
Abuso Contra Menores, con el fin de atemperar el Registro a
nuestras realidades y, en la medida de lo posible, prevenir
situaciones que pudieran incidir en el maltrato o abuso
contra niños, niñas y personas envejecientes. Véase
Exposición de Motivos, Ley Núm. 266-2004, supra. 6 Así,
nuevamente se dispuso que en el Registro se harían constar
los datos personales y la información concerniente a las
personas convictas que, conforme a esta ley, deben
inscribirse al reintegrarse a la libre comunidad. I
́d.
Al igual que la legislación anterior, el Art. 3(a) de
la Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA ant. sec. 536a, reiteró la
obligación de inscripción en el Registro para las personas
6 Precisamente, y de manera similar a la ley
precedente, la Exposición de Motivos señalaba que su
aprobación respondió al propósito de cumplir con la
legislación federal Jacob Wetterling Crimes Against
Children and Sexually Violent Offender Registration
Program, la cual exigía que los estados, incluyendo a Puerto
Rico, adoptaran legislación para requerir el registro de
las personas convictas por determinados delitos de índole
sexual y por abuso contra menores, una vez se reintegraran
a la libre comunidad, mediante la inclusión de su
información en un registro creado para esos fines, por un
término mínimo de diez (10) años.
CC-2023-0270 11
convictas por los delitos de actos lascivos o impúdicos.7 De
igual modo, el Art. 5 dispuso que la información de la
persona debía permanecer en el Registro por un período de
diez (10) años. Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA ant. sec. 536c. No
obstante, la Asamblea Legislativa alteró la forma de cómputo
de ese término al disponer que “se mantendrá en el Registro
por un período mínimo de diez (10) años desde que cumplió la
sentencia impuesta”. (Negrillas suplidas). Íd.
Por consiguiente, según esa legislación, se requería
que la información de la persona convicta se mantuviese
inscrita y publicada en el Registro por diez (10) años
contados desde el cumplimiento de la sentencia. Es decir, a
diferencia de su antecesora, la Ley Núm. 266-2004 no proveía
un cómputo distinto para ese término cuando la persona
cumplía su sentencia en la libre comunidad bajo algún
beneficio de sentencia suspendida o dentro de una institución
carcelaria.8 Placer Román v. ELA y otros, supra, pág. 851.
7 Específicamente, disponía lo siguiente:
Se crea un Registro de Personas Convictas por
Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores en el
Sistema de Información de Justicia Criminal. Serán
registradas en el mismo:
(a) las personas que resulten convictas por alguno
de los siguientes delitos o su tentativa: violación,
seducción, sodomía, actos lascivos o impúdicos […]
(Negrillas suplidas). 4 LPRA ant. sec. 536a.
Es importante aclarar, tal como señalé en mi Opinión
8
concurrente en Placer Román v. ELA y otros, supra, nota 11,
que ni la Exposición de Motivos ni el historial legislativo
evidenciaban el fundamento de la Asamblea Legislativa para
CC-2023-0270 12
Más tarde, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley Núm.
266-2004 mediante la Ley Núm. 243-2011, 4 LPRA sec. 536 et
seq. Como resultado, se modificó el período de inscripción
requerido en el Registro en función del tipo de delito
cometido, así como diversos aspectos relevantes para la
controversia. A continuación, presento el análisis
correspondiente.
C.
Según la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 243-2011, supra, este cuerpo normativo se aprobó con el fin
de atemperar el Registro a las disposiciones de la ley
federal Adam Walsh Child Protection and Safety Act of
2006, conocida como Sex Offender Registration and
Notification Act (SORNA), Ley Pub. Núm. 109-248, 27 de
julio de 2006, 120 Stat. 587. Esta legislación federal
tiene como objetivo principal fortalecer la protección de
las víctimas de delitos sexuales y fijar obligaciones
establecer el cómputo del período de diez (10) años a partir
del cumplimiento de la sentencia impuesta, sin contemplar
un cómputo distinto para las personas convictas acogidas al
beneficio de sentencias suspendidas. No obstante, expresé
que del historial legislativo y de la Exposición de Motivos
se desprendía que lo anterior resultaba en un contrasentido,
pues permitía que una persona convicta por delitos sexuales
o abuso contra menores permaneciera en la libre comunidad
bajo el beneficio de libertad a prueba o libertad bajo
palabra sin estar obligada a inscribirse en el Registro
hasta la culminación de su probatoria. Sin duda, de esta
manera se socavaba el propósito de la Ley Núm. 266-2004,
que buscaba informar a la ciudadanía sobre las personas
convictas de los delitos establecidos en la ley una vez se
integraban a la libre comunidad. Ahora bien, la Asamblea
Legislativa atendió esta situación al promulgar la Ley Núm.
243-2011, según expondré más adelante.
CC-2023-0270 13
mínimas para la operación de los registros de ofensores
sexuales en distintas jurisdicciones. Íd. Para alcanzar
este propósito, la Legislatura de Puerto Rico adoptó
enmiendas que incorporaron definiciones adicionales y
establecieron nuevos deberes, tanto para las personas
sujetas al registro como para las agencias competentes
encargadas de su administración y fiscalización.
Como parte de estas enmiendas, la Ley Núm. 243-2011
añadió a la Ley Núm. 266-2004 las definiciones de
convicto, delito específico contra menor de edad, delito
sexual, empleado, estudiante, ofensor sexual, ofensor
sexual tipo I, II y III, menor de edad, residencia, entre
otras. Placer Román v. ELA y otros, supra, pág. 853. Además
de ello, enumeró las personas que deben ser registradas,
incluyendo —entre otras— a los ofensores sexuales tipo I,
II y III, así como a las personas convictas por los delitos
mencionados en el Art. 2. Íd., págs. 854-856.
En lo aquí pertinente, y a fin de delimitar quiénes
quedan sujetos a las disposiciones del Registro, el Art.
2 de la Ley Núm. 266-2004, según enmendada, define el
término de “Ofensor Sexual” como “aquel individuo que ha
sido convicto por un delito sexual o su tentativa o
conspiración”. 4 LPRA sec. 536. De igual forma, ese mismo
artículo define el concepto de “Delito Sexual” e incluye
tanto los supuestos en que la víctima es una persona menor
de edad como aquellos en que se trata de una persona
CC-2023-0270 14
adulta. Concretamente, para los fines de la aplicación de
esta legislación, lo define de la manera siguiente:
(3) “Delito Sexual” — En general, excepto por lo
dispuesto en los sub-incisos (a) y (b), incluye
lo siguiente:
(i) un delito que tenga como elemento
constitutivo un acto sexual o conducta sexual
con otra persona;
(ii) un delito específico contra un menor de
edad;
[…]
Disponiéndose que:
[…]
(b) Un delito que incluya conducta sexual
consentida no es un delito sexual para propósitos
de esta Ley, si la víctima es un adulto, a menos
que dicho adulto esté bajo la custodia legítima
del ofensor al momento del delito. Íd. (Negrillas
suplidas).
De lo anterior se desprende que el concepto de
“Delito Sexual” abarca todo delito que tenga como elemento
constitutivo un acto sexual o conducta sexual con otra
persona. Tal como he señalado en casos anteriores, esta
definición también incluye conductas dirigidas a personas
que no sean menores de edad, salvo en las situaciones de
conducta sexual consentida, siempre que la persona adulta
no se encuentre bajo la custodia legítima de su ofensor.
Placer Román v. ELA y otros, supra, pág. 856. Es relevante
destacar que la Asamblea Legislativa estableció un
CC-2023-0270 15
subinciso específico para los casos en que la víctima es
una persona menor de edad.9 Íd.
Asimismo, se desprende que, al constituirse el
“Delito Sexual” como un acto o conducta sexual contra otra
persona, dentro de esta definición se incluyen los delitos
de actos lascivos o impúdicos, así como cualquier otro
delito de naturaleza sexual cometido contra un adulto,
siempre que no opere la excepción antes señalada.10 Íd.
A los efectos de esta ley, se entiende por “Menor
9
de edad” “toda persona que no haya cumplido los dieciocho
(18) años de edad.” Art. 2 de la Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA
sec. 536.
10Cabe recordar que el delito de actos lascivos, según
el Art. 105 del derogado Código Penal de 1974, supra, —bajo
el cual el peticionario de este caso fue convicto—,
disponía:
Toda persona que sin intentar consumar acceso carnal
cometiere cualquier acto impúdico o lascivo con otra será
sancionada con pena de reclusión según más adelante se
dispone si concurrieran cualesquiera de las siguientes
modalidades:
[…]
(d) Si la víctima fuere compelida al acto mediante el
empleo de medios engañosos que anulen o disminuyan
sustancialmente, sin su conocimiento, su capacidad de
resistencia.
Además, a modo de referencia, el Art. 133 del Código
Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5194, establece que el delito
de actos lascivos ocurre cuando una persona “a propósito,
con conocimiento o temerariamente, sin intentar consumar el
delito de agresión sexual […], someta a otra persona a un
acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la pasión
o deseos sexuales del imputado […]”.
A la luz de estas disposiciones, resulta evidente que
el delito de actos lascivos constituye un delito de índole
sexual, dado que sus elementos constitutivos implican actos
CC-2023-0270 16
Esta interpretación nos conduce inequívocamente a que la
ley protege tanto a víctimas menores como adultas, y que
la ausencia de una categoría específica para ofensores que
cometen actos lascivos contra adultos no implica su
exclusión de la protección que ofrece el Registro.
Como consecuencia de lo discutido, toda persona que
ha sido convicta por un “Delito Sexual” —entendido como
cualquier acto o conducta sexual con otra persona, ya sea
mayor o menor de edad, salvo lo dispuesto en los subincisos (a) y (b)— se clasifica como “Ofensor Sexual”, es
decir, aquel individuo que ha sido convicto por un delito
sexual, su tentativa o conspiración. En ese sentido, la
Ley Núm. 243-2011 establece que las personas que incurran
en estos actos o conductas sexuales están obligadas a
inscribirse en el Registro, sin que la edad de la víctima
sea determinante para esta clasificación; lo relevante es
que el individuo haya cometido un delito sexual contra
otra persona. Placer Román v. ELA y otros, supra, pág.
857.
No obstante, esta definición general difiere de los
conceptos de Ofensor Sexual Tipo I, II y III, en los cuales
la mayoría de los supuestos se refieren a delitos
cometidos contra víctimas menores de edad. Íd., págs. 856-857. Ahora bien, como el propósito del Registro se ha
o conductas sexuales, tal como se contempla en la definición
de “Delito Sexual” bajo la Ley Núm. 266-2004, supra.
CC-2023-0270 17
mantenido desde su creación y su alcance se ha ampliado, no
debe interpretarse que la intención legislativa ha sido
privar de esta protección a las personas víctimas de
crímenes sexuales que no son menores de edad, aun cuando
no se haya establecido una categoría específica de ofensor
sexual para estos casos. Íd., pág. 854. Por el contrario,
la intención legislativa ha sido incluir más actos o
conductas delictivas que podrían dar lugar a la
inscripción de una persona en el Registro.
Por último, en lo que respecta expresamente a los
distintos tipos de ofensores sexuales y al delito de actos
lascivos, el Art. 2 establece lo siguiente:
(9) “Ofensor Sexual Tipo II”. — Personas que
resulten convictas por los siguientes delitos o
su tentativa o conspiración cuando la víctima
fuere un menor de edad:
(i) Actos lascivos o impúdicos…
(ii) Actos lascivos…
(10) “Ofensor Sexual Tipo III”. — Personas que
resulten convictas por los siguientes delitos o
su tentativa:
(i) Violación; seducción; sodomía; actos
lascivos cuando la víctima no ha cumplido los
dieciséis (16) años…
[…]
(iii) Actos lascivos, cuando la víctima no ha
cumplido los trece (13) años de edad… 4 LPRA
sec. 536.
D.
Según discutí, la Ley Núm. 243-2011 enmendó la Ley
Núm. 266-2004 para establecer, entre otras cosas, tres (3)
CC-2023-0270 18
clasificaciones de ofensores sexuales, en atención a los
delitos cometidos, los respectivos términos de inscripción
y el punto a partir del cual se computan tales términos,
conforme a las circunstancias de cada caso. En específico,
el Ofensor Sexual Tipo I está sujeto a un término de
inscripción de quince (15) años; el Ofensor Sexual Tipo
II, a veinticinco (25) años; y el Ofensor Sexual Tipo III,
a inscripción de por vida. Art. 5 de la Ley Núm. 266-2004,
4 LPRA sec. 536c.
De acuerdo con lo anterior, cuando se ordena la
inscripción de una persona convicta en el Registro, el
cómputo del término comienza desde que esta se integra a
la libre comunidad. De manera más específica, ese cómputo
inicia desde que: (1) la persona ofensora sexual es
excarcelada tras cumplir la pena de reclusión impuesta y
el Departamento de Corrección y Rehabilitación notifica
su inclusión en el Registro; (2) comienzan los beneficios
de libertad a prueba o sentencia suspendida (probatoria);
(3) inicia su libertad bajo palabra; o (4) comienza a
participar en un programa de desvío, tratamiento o
rehabilitación establecido por el Departamento de
Corrección y Rehabilitación. Íd.
En los casos de los incisos (2), (3) y (4), el término
de inclusión en el Registro transcurre cuando, a su vez,
se emite la sentencia, resolución o determinación del
Tribunal que autoriza la participación en tales programas,
CC-2023-0270 19
así como la notificación de su inclusión en el Registro.
Íd.
Entonces, la inscripción se mantiene hasta que
transcurra el término correspondiente, ya sea de quince
(15) o veinticinco (25) años, según la categoría asignada:
Ofensor Sexual Tipo I o II. Para un Ofensor Sexual Tipo
III, la inscripción se mantiene de por vida. Íd.
III
A.
La controversia central de este caso consiste en
determinar si, con la aprobación de la Ley Núm. 243-2011,
se eliminó la obligación de inscripción en el Registro
para las personas convictas por actos lascivos cometidos
contra una persona adulta —entendiéndose, a los fines de
esta ley, como aquella de dieciocho (18) años o más—, o
cuando en la sentencia se eliminó el elemento de minoridad
de la víctima.
Para el peticionario, la aprobación de la Ley Núm.
243-2011 tuvo el efecto de eliminar la obligación de
inscripción en el Registro cuando la persona cometió el
delito de actos lascivos contra una persona adulta, es
decir, sin el elemento de minoridad de la víctima, ya que
la ley no contempla una categoría para este tipo de
situaciones. En consecuencia, según su postura, las
personas sentenciadas por ese delito no están obligadas a
inscribirse y, en los supuestos en que ya estén inscritas,
CC-2023-0270 20
su información debe ser removida del Registro. Esta
interpretación errónea limita la obligación de inscripción
únicamente a los casos en los que la víctima es menor de
dieciocho (18) años, dejando fuera del alcance del
Registro a quienes cometen actos lascivos contra personas
adultas.
Sin embargo, a base de un análisis del propósito de
la legislación relativa al Registro y de las definiciones
incluidas en ella, tales como “Ofensor Sexual” y “Delito
Sexual”, entre otras, concluyo que el delito de actos
lascivos o impúdicos cometidos contra una persona adulta
está comprendido dentro de la lista de delitos sexuales
que requieren la inscripción de la persona convicta en el
Registro.11 Veamos.
Según discutido en las secciones anteriores de esta
Opinión de conformidad, desde la creación de la Ley Núm.
28-1997 hasta la aprobación de la Ley Núm. 266-2004, según
enmendada por la Ley Núm. 243-2011, el propósito de estas
disposiciones siempre ha sido mantener informadas a las
autoridades gubernamentales y a la ciudadanía en general
sobre el paradero de las personas convictas por delitos
sexuales que se reintegran a la libre comunidad, así como
proteger a la sociedad frente a quienes cometen este tipo
de crímenes. Véanse las Exposiciones de Motivos de la Ley
11Véase, además, la expresión de conformidad del Juez
Asociado señor Estrella Martínez en Pueblo v. Toro Vélez,
212 DPR 919, 920 (2023) (Sentencia).
CC-2023-0270 21
Núm. 28-1997, de la Ley Núm. 266-2004 y de la Ley Núm.
243-2011, supra. Además, estas leyes establecieron deberes
tanto para las personas sujetas al Registro como para las
agencias competentes encargadas de su administración y
fiscalización. Íd.
Incluso, tanto la Ley Núm. 28-1997 como la Ley Núm.
266-2004 incluyeron manifiestamente el delito de actos
lascivos entre aquellos que requieren la inscripción de
la persona convicta en el Registro. Véase Art. 3(a) de la
Ley Núm. 28-1997, 4 LPRA ant. sec. 535 y Art. 3(a) de la
Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA ant. sec. 536a. Sin embargo,
aunque la Ley Núm. 243-2011 creó nuevas categorías para
clasificar a los ofensores sexuales, ello no implicó la
eliminación del delito de actos lascivos cometidos contra
personas adultas del ámbito del Registro.
Adoptar una interpretación distinta implicaría pasar
por alto que la Ley Núm. 243-2011 no modificó, directa ni
indirectamente, la política pública de proteger a todos
los sectores de la sociedad frente a los delitos de índole
sexual. Por el contrario, la Asamblea Legislativa reafirmó
ese compromiso. La Exposición de Motivos de la Ley Núm.
243-2011, supra, expresa de forma inequívoca su objetivo
de “fortalecer y aumentar la efectividad del Registro para
la seguridad del público”, lo cual evidencia que la
intención legislativa fue ampliar y robustecer los
mecanismos de protección ciudadana, no restringirlos.
CC-2023-0270 22
Para ello, enumeró las personas que deben ser
registradas, incluyendo —entre otras— a los ofensores
sexuales tipo I, II y III, así como a las personas
convictas por los delitos enumerados en el Art. 2. Placer
Román v. ELA y otros, supra, págs. 854-856. Precisamente,
las personas convictas por los delitos enumerados en el
Art. 2 son “Ofensores Sexuales”, entiéndase “aquel[los]
individuo[s] que ha[n] sido convicto[s] por un delito
sexual o su tentativa o conspiración”. Art. 2 de la Ley
Núm. 266-2004, 4 LPRA sec. 536. Recordemos que “Delito
Sexual” es “un delito que tenga como elemento constitutivo
un acto sexual o conducta sexual con otra persona” Íd.
Evidentemente, actos lascivos es un delito sexual cometido
contra otra persona, y “otra persona” incluye, sin duda,
a una persona mayor de edad.
De esta forma, la Ley Núm. 243-2011 establece que las
personas que incurren en estos actos o conductas sexuales
están obligadas a inscribirse en el Registro, sin que la
edad de la víctima sea determinante para esta
clasificación. Lo relevante es que el individuo haya
cometido un delito sexual contra otra persona.
Conforme a lo anterior, interpretaciones que limiten
la obligación de inscripción únicamente a los casos
relacionados con actos lascivos en que la víctima es menor
de edad serían contrarias tanto al texto como al espíritu
de la ley, así como al propósito fundamental del Registro:
CC-2023-0270 23
informar y proteger a la comunidad frente a conductas
sexualmente delictivas, sin distinción basada en la edad
de la víctima. Es evidente que, para efectos de la
inscripción en el Registro, lo material es la conducta
delictiva de la persona ofensora y no el perfil ni la edad
cronológica de su víctima.
En síntesis, sostengo que el peticionario en este
caso debía inscribirse al serle aplicable el concepto
“Ofensor Sexual” per se, lo que hace imperativa su
inscripción en el Registro.
B.
Por otro lado, como se discutió, el señor Hernández
Díaz estaba obligado a inscribirse en el Registro por
haber cometido el delito de actos lascivos sin el elemento
de minoridad de la persona perjudicada. Conforme a la
normativa vigente en ese entonces, la sentencia dictada
en su contra dispuso que debía cumplir con las
disposiciones de la Ley Núm. 266-2004, supra, que regula
la inscripción de las personas convictas por delitos
sexuales, la cual aún no había sido enmendada por la Ley
Núm. 243-2011. 12 En consecuencia, su obligación de
inscripción se extendía por un término de diez (10) años,
contados desde el cumplimiento de la sentencia impuesta.
Art. 5 de la Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA ant. sec. 536c.
Véase Sentencia emitida por el Tribunal de Primera
12
Instancia el 7 de julio de 2006, Apéndice de la Petición de
certiorari del señor Hernández Díaz, págs. 26-33.
CC-2023-0270 24
Posteriormente, con la aprobación de la Ley Núm. 243-2011, se precisó que, cuando se ordena la inscripción de
una persona convicta en el Registro, el cómputo del
término comienza, en esencia, desde que esta se integra a
la libre comunidad. De manera más específica, ese cómputo
inicia desde que, entre otros supuestos, comienzan los
beneficios de sentencia suspendida (probatoria), como
ocurre en el presente caso. Art. 5 de la Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA sec. 536c.
Recordemos, como señalé en mi Opinión disidente
en Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 (2019), que soy
del criterio de que, cuando un estatuto de naturaleza
civil conlleva consecuencias punitivas se activa la
protección constitucional contra leyes ex post facto.13
Bajo esa interpretación, la forma de cómputo para las
personas convictas por delitos sexuales que se encuentren
cumpliendo su pena en libertad a prueba cambió con la
aprobación de la Ley Núm. 243-2011 y, solo en ese extremo,
esa enmienda les resulta beneficiosa, como ocurre en este
caso.14 A tal efecto, el cómputo del término de diez (10)
años del señor Hernández Díaz debe contarse desde el día
Para una discusión en torno a lo errado de catalogar
13
la legislación que nos ocupa como una de carácter civil,
véase I. Y. Rosario Nieves, El fraude de etiquetas en la
clasificación del Registro de Ofensores Sexuales como
“medida no punitiva”, 85 Rev. Jur. UPR 169 (2016).
De hecho, este método de cómputo es el que establecía
14
la Ley Núm. 28-1997, supra, como se discutió previamente.
CC-2023-0270 25
en que fue puesto en libertad a prueba, es decir, desde
el 7 de julio de 2006 hasta el 7 de julio de 2016.15
Así, toda vez que el peticionario ha permanecido
inscrito por casi veinte (20) años, ha cumplido en exceso
el término aplicable, por lo que procede ordenar la
eliminación de su nombre y de sus datos personales del
Registro.
IV.
Por los fundamentos expuestos, concluyo que la Ley
Núm. 243-2011 no eliminó la obligación de inscripción en
el Registro para las personas que cometen actos lascivos
o impúdicos sin el elemento de minoridad de la víctima.
No obstante, coincido en que, en este caso particular,
procede ordenar la eliminación del señor Hernández Díaz
del Registro por las razones discutidas.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
15Véase Certificado de expiración de Sentencia,
Apéndice de la Petición de certiorari del señor Hernández
Díaz, pág. 34.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Ángel L. Hernández Díaz CC-2023-0270 Certiorari
Peticionario
Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Rivera
Pérez, a la cual se une el Juez Asociado señor Candelario
López
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2026.
En el dictamen que hoy emitimos estoy conforme con la
decisión de revocar al Tribunal de Apelaciones, así como al
Tribunal de Primera Instancia. En el presente caso, procede
eliminar del Registro de Personas Convictas por Delitos
Sexuales y Abuso contra Menores (Registro) toda la
información del Sr. Ángel L. Hernández Díaz (peticionario).
No obstante, ante la importancia de la controversia entiendo
meritorio exponer los fundamentos por los cuales proceden la
eliminación del peticionario del Registro.
Adelanto que, de un análisis de la Ley Núm. 266-2004,
según enmendada, conocida como la Ley del Registro de Personas
Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores
(Registro), 4 LPRA sec. 536 et seq., surge que las personas
que resulten convictas por el delito de actos lascivos o
impúdicos cometidos contra un adulto están incluidas bajo la
CC-2023-0270 2
definición de Ofensor Sexual Tipo I. En consecuencia, deben
permanecer registradas por el término de quince años
dispuesto en la Ley.
Por ello, el señor Hernández Díaz no debe permanecer
inscrito en el Registro por haber cumplido con el término de
quince años correspondiente al Ofensor Sexual Tipo I. Para
arribar a dicha conclusión, el presente caso requería
interpretar si la Ley Núm. 266-2004, supra, según enmendada
por la Ley Núm. 243-2011, exige la inscripción en el Registro
de la persona convicta por actos lascivos o impúdicos
cometidos contra una persona mayor de edad. A continuación,
expongo los fundamentos.
I
El 8 de febrero de 2006, el Ministerio Público presentó
cuatro acusaciones contra el peticionario por cometer actos
lascivos e impúdicos contra una menor de catorce años.1 Según
surge de las acusaciones, los hechos ocurrieron entre los
años 2002 y 2003, periodo durante el cual el peticionario
cometió actos altamente repudiables contra la menor.
Luego de algunos trámites procesales, el peticionario
hizo alegación preacordada por las cuatro acusaciones del
delito de actos lascivos o impúdicos. Surge del expediente
que, como parte del preacuerdo con el Ministerio Público, se
eliminó el elemento de minoridad de la víctima. Así, el 7 de
julio de 2006, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
de Caguas, dictó sentencia contra el peticionario y le impuso
1 Petición de Certiorari, Anejo I, págs. 22-25.
CC-2023-0270 3
una pena de diez años, para ser cumplidas de forma concurrente
mediante el beneficio de sentencia suspendida.2 Asimismo, se
le ordenó al peticionario a cumplir con las disposiciones de
la Ley Núm. 266-2004, supra.
El 7 de julio de 2016, finalizó la libertad a prueba
del peticionario, por lo que expiró su sentencia.3 Ante ello,
este presentó una Moción para eliminar nombre del Registro de
Ofensores Sexuales.4 Mediante dicho escrito, argumentó que la
Ley Núm. 28-1997 -la cual se encontraba vigente al momento de
los hechos que dieron lugar al proceso penal de este casodisponía que la persona debía permanecer en el Registro por
un periodo de diez años desde que comenzó a cumplir la
sentencia bajo el beneficio de libertad a prueba, término que
ya había vencido.
De igual forma, señaló que la Ley Núm. 243-2011, la cual
enmendó la Ley Núm. 266-2004, supra, no incluyó como ofensor
sexual a la persona convicta por el delito de actos lascivos
contra un adulto, delito por el cual él había resultado
convicto. Por consiguiente, solicitó su exclusión del
Registro. Sin embargo, el foro primario declaró “No ha lugar”
la solicitud mediante notificación emitida el 13 de enero de
2023.5
En desacuerdo con la determinación del foro de
instancia, el 13 de febrero de 2023, el peticionario presentó
2 Petición de Certiorari, Anejo I, págs. 26-33.
3 Véase Certificado de expiración de sentencia en la de Petición Certiorari, Anejo I, pág. 34.
4 Petición de Certiorari, Anejo I, págs. 35-39.
5 Petición de Certiorari, Anejo I, pág. 19.
CC-2023-0270 4
un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.6 En
esencia, reiteró que, toda vez que la Ley Núm. 243-2011
eliminó el delito de actos lascivos sin el elemento de
minoridad, o bien porque él había cumplido con el término de
diez años dispuesto en la Ley Núm.28-1997, su información
debía ser eliminada del Registro.
Por su parte, el Ministerio Público, por conducto del
Procurador General de Puerto Rico (Procurador General), se
opuso alegando que toda persona que comete el delito de actos
lascivos, aun cuando no concurra el elemento de minoridad,
tiene la obligación de inscribirse en el Registro. Sustentó
su razonamiento en que el Artículo 2 de la Ley Núm. 266-2004,
4 LPRA sec. 536, incluye los delitos sexuales en general, sin
establecer distinción alguna respecto a la víctima. Por
tanto, expresó que el peticionario cumplía con la definición
de Ofensor Sexual Tipo III, en la medida que resultó convicto
de cometer el delito de actos lascivos y su víctima, como
cuestión de hecho, era menor de edad; siendo ello suficiente
por el carácter civil del Registro. Por consiguiente, debía
permanecer inscrito en el Registro de por vida.
Luego de evaluados los planteamientos de las partes, el
29 de marzo de 2023, el Tribunal de Apelaciones dictó la
Sentencia en virtud de la cual denegó expedir el recurso
instado por el peticionario. El foro intermedio concluyó que
el recurso no cumplía con los criterios establecidos en la
Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA
6 Véase caso Núm. KLCE202300136.
CC-2023-0270 5
Ap. XXII-B. Además, señaló que los argumentos del peticionario
carecían de mérito, toda vez que este había sido convicto por
el delito de actos lascivos o impúdicos, razón por la cual
era considerado un Ofensor Sexual Tipo III.
Aun inconforme, el peticionario presentó el recurso de
certiorari que nos ocupa. Mediante este reiteró los
planteamientos previamente esbozados ante el foro intermedio.
El 30 de junio de 2023 expedimos la Petición de Certiorari.
A su vez, el Ministerio Público, representado por el
Procurador General, se opuso, argumentando que la Ley
Núm.266-2004, supra, incluyó expresamente el delito de actos
lascivos cuando la víctima es mayor de edad dentro de la
definición de Ofensor Sexual Tipo II y que, además, ello
refleja la intención legislativa de proteger a la ciudadanía
de los convictos de delitos sexuales.
II
A. Ley Núm. 28-1997
La Ley Núm. 28-1997 creó el Registro de Personas
Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso contra
Menores en el Sistema de Información de Justicia Criminal.7
Esta tenía el propósito de cumplir con la Ley Pública Núm.
103-322, Jacob Wetterling Crimes Against Children and
Sexually Violent Offender Registration Program, la cual
requería a los estados, y a Puerto Rico, adoptar una
legislación para que personas convictas por ciertos delitos
de naturaleza sexual y de abuso contra menores de edad
7 4 LPRA ant. sec. 535 et seq.
CC-2023-0270 6
tuvieran que inscribirse en el Registro. Pueblo v. Rodríguez
Orengo, 213 DPR 821 (2024). En ese sentido, su propósito
primordial era proteger a la comunidad frente a actos
constitutivos de abuso sexual y abuso contra menores.
Artículo 1 de la Ley Núm. 28-1997, 4 LPRA ant. sec. 535. A
su vez, tanto la legislación federal como la nuestra
reconocía que esta normativa no tenía un carácter punitivo;
su finalidad era mantener informadas a las autoridades
gubernamentales y a la ciudadanía sobre el paradero de las
personas convictas que luego se reintegraban a la libre
comunidad. Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 (2019).
Entre las personas que debían ser inscritas en el
Registro se encontraban aquellas que cometieran el delito de
actos lascivos o impúdicos, conforme al derogado Código Penal
de Puerto Rico de 1974. Artículo 3(a) de la Ley Núm. 28-1997, 4 LPRA ant. sec. 535a. Por su parte, el Artículo 5 de
la Ley Núm. 28-1997 establecía que la persona convicta se
mantendría “en el Registro por un período mínimo de diez (10)
años desde que la persona cumplió la sentencia de reclusión,
desde que comenzó a cumplir la sentencia bajo el beneficio
de libertad a prueba o desde que es liberada bajo palabra”.
4 LPRA ant. sec. 535c. Una vez transcurriera ese término, el
nombre y los datos de la persona serían eliminados del
Registro. Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra.
B. Ley Núm. 266-2004
Posteriormente, la Ley Núm. 28-1997, supra, quedó
derogada por la Ley Núm. 266-2004, supra. Al igual que su
CC-2023-0270 7
predecesora, esta ley persigue el mismo fin protector, tanto
hacia la comunidad en general como hacia las víctimas de
delitos sexuales. Artículo 1 de la Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA
sec. 536; Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656 (2012). En
su exposición de motivos, la Ley establece que “el Estado
tiene la obligación de proteger a la ciudadanía y a las
víctimas de delito”. Exposición de Motivos, de la Ley Núm.
266-2004, supra. “Y es que existe un patente peligro de
reincidencia en la comisión de delitos que implican crímenes
sexuales o que constituyen abuso contra menores, lo que
representa un riesgo y se puede traducir en graves daños a
las posibles víctimas”. Pueblo v. Hernández García, supra,
pág. 668.
Cuando se aprobó dicho cuerpo normativo, se dispuso que
las personas que cometieran el delito de actos lascivos o
impúdicos quedaban obligadas a inscribirse en el Registro.
Artículo 3 de la Ley 266-2004, 4 LPRA ant. sec. 536a. Véase,
además, Pueblo v. Toro Vélez, 212 DPR 919 (2023) (Sentencia)
(Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor
Rivera García, a la cual se unieron la Jueza Asociada señora
Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón);
Placer Román v. ELA y otros, 193 DPR 821 (2015) (Sentencia)
(Opinión concurrente del Juez Asociado señor Estrella
Martínez).
Según esta legislación, la información de la persona
convicta debía permanecer inscrita por un periodo de diez
años desde que cumplía la sentencia. 4 LPRA sec. 536c (ed.
CC-2023-0270 8
2010). Igualmente, y a diferencia de lo dispuesto en la Ley
Núm. 28-1997, con la aprobación de la Ley Núm. 266-2004,
supra, no se estableció distinción alguna en cuanto al
cómputo del término de diez años de inscripción en el
Registro entre las personas convictas que cumplían su
sentencia en una institución penal y aquellas que cumplían
en la libre comunidad. Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra.
C. Ley Núm. 243-2011
En el 2011, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm.
243-2011 para enmendar la Ley Núm. 266-2004, supra, y
armonizar el Registro a las disposiciones de la Ley Pública
Núm. 109-248, Adam Walsh Child Protection and Safety Act of
2006, conocida como Sex Offender Registration and
Notification Act (Ley SORNA). Por su parte, la Ley SORNA fue
promulgada con el propósito de proteger al público y a los
menores de los ofensores sexuales, y en respuesta a los
ataques perpetrados por depredadores violentos contra varias
víctimas.8 42 USCA Sec. 16901 et seq. Su objetivo, al igual
que el de nuestra legislación estatal, es garantizar la
8 Además de las víctimas menores de edad mencionadas en la declaración de propósito de la Ley Pública Núm. 109-248, Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006, conocida como Sex Offender Registration and Notification Act (Ley SORNA), también se incluyen las siguientes víctimas mayores de edad:
“[…]
(3) Pam Lychner, who was 31 years old, was attacked by a
career offender in Houston, Texas.
[…]
(5) Dru Sjodin, who was 22 years old, was sexually assaulted
and murdered in 2003, in North Dakota.
[…]
(10) Alexandra Nicole Zapp, who was 30 years old, was
brutally attacked and murdered in a public restroom by a
repeat sex offender in 2002, in Bridgewater, Massachusett.
[…]” (Énfasis suplido). 42 USCA sec. 16901.
CC-2023-0270 9
protección de los menores y las víctimas de delitos sexuales.
Véase Pueblo v. Toro Vélez, supra, (Opinión de conformidad
del Juez Asociado señor Rivera García). En consecuencia, a
pesar de las enmiendas introducidas a la Ley Núm. 266-2004,
supra, en el 2011, su propósito no ha variado y continúa
siendo el mismo desde la creación del Registro en el 1997.
Íd.
Con la aprobación de la Ley SORNA, el Congreso federal
de los Estados Unidos procuró uniformar los registros de
ofensores sexuales en toda la nación norteamericana. Pueblo
v. Rodríguez Orengo, supra. Asimismo, la legislación
homóloga federal estableció los estándares mínimos que los
estados y territorios de los Estados Unidos deben seguir para
la implementación y continuidad del Registro en sus
respectivas jurisdicciones.
A su vez, mediante The National Guidelines for Sex
Offender Registration and Notification (National Guidelines)
del 1 de junio de 2008, el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos aclaró que la Ley SORNA no pretende excluir o
limitar la discreción de las jurisdicciones para adoptar
requisitos de registro y notificación más amplios o
adicionales, según resulte necesario para alcanzar el
cometido de la legislación federal.9 Es decir, “the Act
9 El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó The National Guidelines for Sex Offender Registration and Notification (National Guidelines) con el propósito de ofrecer orientación y asistencia a las jurisdicciones comprendidas —los 50 estados, el Distrito de Columbia, los principales territorios de EE. UU. y los gobiernos de las tribus indígenas— en la implementación de los estándares de SORNA en sus programas de registro y notificación.
CC-2023-0270 10
generally constitutes a set of minimum national standards
and sets a floor, not a ceiling, for jurisdictions’ programs.
Hence, for example, a jurisdiction may have a system that
requires registration by broader classes of convicted
offenders than those identified in SORNA […].” National
Guidelines, pág. 6.
La Ley SORNA creó tres clases o “tiers” en las cuales
engloba los tipos de delitos que dan paso a una inscripción
en el registro de ofensores sexuales. Destacamos que, bajo
el estándar mínimo de la legislación federal, el “Tier I sex
offender” es “a sex offender other than a tier II or tier
III sex offender.” 34 USC sec. 20911(2). De este modo, “tier
I is a residual class that includes all sex offenders who do
not satisfy the criteria for tier II or tier III.” National
Guidelines, pág. 22. Un ejemplo que proveen las National
Guidelines para el Ofensor Sexual Tipo I es: “a sex offender
whose registration offense is a sexual assault against an
adult that involves sexual contact but not a completed or
attempted sexual act.” Íd., pág. 22.
De otra parte, la clasificación de “Tier II sex
offender” va dirigida a delitos cometidos contra menores. En
cambio, la clasificación de “Tier III sex offender”, aunque
también menciona conductas penales cometidas contra menores
de edad, tiene varias disposiciones dirigidas a las víctimas
adultas cuando la naturaleza del delito es agravada.10
10 En específico, la Ley SORNA establece lo siguiente:
CC-2023-0270 11
En consideración a las modificaciones introducidas en
el 2011 a la Ley Núm. 266-2004, supra, se acuñó la figura
del ofensor sexual, la cual es definida como “aquel individuo
que ha sido convicto por un delito sexual o su tentativa o
conspiración”.11 Artículo 2 de la Ley 266-2004, supra; Pueblo
v. Rodríguez Orengo, supra. Del mismo modo, los requisitos
mínimos establecidos en la Ley SORNA fueron adoptados en la
Ley 266-2004, supra, mediante la Ley 243-2011, incluyendo,
"(3)Tier II sex offender
The term “tier II sex offender” means a sex offender other
than a tier III sex offender whose offense is punishable by
imprisonment for more than 1 year and—
(A)is comparable to or more severe than the following
offenses, when committed against a minor, or an attempt or
conspiracy to commit such an offense against a minor:
(i)sex trafficking (as described in section 1591 of
title 18);
(ii)coercion and enticement (as described in section
2422(b) of title 18);
(iii)transportation with intent to engage in criminal
sexual activity (as described in section 2423(a)) [1]
of title 18;
(iv)abusive sexual contact (as described in section
2244 of title 18);
(B)involves—
(i)use of a minor in a sexual performance;
(ii)solicitation of a minor to practice prostitution;
or
(iii)production or distribution of child pornography;
or
(C)occurs after the offender becomes a tier I sex offender.
(4)Tier III sex offender
The term “tier III sex offender” means a sex offender whose
offense is punishable by imprisonment for more than 1 year
and—
(A)is comparable to or more severe than the following
offenses, or an attempt or conspiracy to commit such an
offense:
(i)aggravated sexual abuse or sexual abuse (as
described in sections 2241 and 2242 of title 18); or
(ii)abusive sexual contact (as described in section
2244 of title 18) against a minor who has not attained
the age of 13 years;
(B)involves kidnapping of a minor (unless committed by a
parent or guardian); or
(C)occurs after the offender becomes a tier II sex offender.”
(Énfasis Nuestro). 34 USC sec. 20911.
11 Cuando se aprobó la Ley 26-2004, según enmendada, conocida como la
Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, 4 LPRA sec. 536 et seq., esta no contenía una definición de ofensor sexual, por lo que en su lugar hacía referencia al término de depredador sexual.
CC-2023-0270 12
entre otras cosas, las clasificaciones Tipo I, II y III para
los ofensores sexuales de acuerdo con el delito sexual
cometido. Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra. En lo atinente
al caso que no ocupa, el Artículo 2 de la Ley Núm. 266-2004,
supra, define las clasificaciones de ofensores sexuales como
sigue:
[…]
(8) “Ofensor Sexual Tipo I”. — Personas que resulten
convictas por los siguientes delitos o su tentativa o
conspiración, cuando se incurre en conducta constitutiva de
abuso sexual;
(i) Restricción de la libertad, cuando la víctima
fuere menor de dieciocho (18) años, según comprendido en el
Artículo 168 (e) de la Ley 149-2004, según enmendada;
(ii) Restricción de libertad agravada, cuando la
víctima fuere menor de dieciséis (16) años, según
comprendido en el Artículo 131 (e) de la Ley Núm. 115 de 22
de julio de 1974, según enmendada;
(iii) Delito de maltrato a menores, según establecido
en los Artículos 75 y 76 de la Ley 177-2003, según enmendada,
cuando se incurre en conducta constitutiva de abuso sexual;
(iv) Maltrato agravado conyugal, cuando se cometiere
y simultáneamente se incurriere en conducta constitutiva de
abuso sexual, en maltrato de un menor, según definido en la
Ley 177-2003, según enmendada;
(v) Envío, transportación, venta, distribución,
publicación, exhibición o posesión de material obsceno;
Espectáculos obscenos; Exposiciones deshonestas cuando el
acto tuviere lugar en presencia de una persona menor de 16
años, según establecido en los Artículos 106, 113 y 114 de
la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada; y
en los Artículos 155 y 156 de la Ley 149-2004, según
enmendada;
(vi) Exposiciones obscenas; Proposición obscena, según
tipificados en los Artículos 147 y 148 de la Ley 149-2004,
según enmendada;
(vii) Cualquier delito antecedente o sucesor de los
mencionados en los sub-incisos (i), (ii), (iii) (iv), (v) ó
(vi).
(9) “Ofensor Sexual Tipo II”. — Personas que resulten
convictas por los siguientes delitos o su tentativa o
conspiración cuando la víctima fuere un menor de edad:
(i) Actos lascivos o impúdicos; proxenetismo o
comercio de personas; delitos contra la protección de
menores, perversión de menores cuando se admitiere o
retuviere a un menor de dieciocho (18) años en una casa de
prostitución o sodomía, comprendidos en los Artículos 105,
110 (a) y (c), 111(a) y 115 de la Ley Núm. 115 de 22 de
julio de 1974, según enmendada.
(ii) Actos lascivos, proxenetismo, rufianismo y
comercio de personas; producción de pornografía infantil;
posesión y distribución de pornografía infantil; utilización
de un menor para pornografía infantil; corrupción de menores
cuando se admitiere o retuviere a un menor en una casa de
CC-2023-0270 13
prostitución o de comercio de sodomía, comprendidos en los
Artículos 137(e), 144, 153(a), 157, 158 y 159 de la Ley Núm.
149 de 18 de junio de 2004.
(10) “Ofensor Sexual Tipo III”. — Personas que
resulten convictas por los siguientes delitos o su
tentativa:
(i) Violación; seducción; sodomía; actos lascivos
cuando la víctima no ha cumplido los dieciséis (16) años;
incesto; secuestro cuando la víctima fuere menor de
dieciocho (18) años y no fuere su hijo, robo de menores
comprendidos en los Artículos 99, 101, 103, 105, 122, 137-A
(a) y 160, respectivamente, de la Ley Núm. 115 de 22 de
julio de 1974, según enmendada; y agresión sexual conyugal,
según tipificada en el Artículo 3.5 de la Ley Núm. 54 de 15
de agosto de 1989, según enmendada.
(iii) Actos lascivos, cuando la víctima no ha cumplido
los trece (13) años de edad; secuestro de menores; secuestro
agravado cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18)
años, según comprendidos en los Artículos 134, 144 y 170(a)
de la Ley 149-2004, según enmendada. (Énfasis nuestro).
Con relación al caso que no ocupa, este Tribunal ha
señalado que el Ofensor Sexual Tipo I se inscribirá
únicamente si su conducta constituyó abuso sexual. Pueblo v.
Rodríguez Orengo, supra. En el caso citado, acudimos a la
definición de abuso sexual provista por la derogada, Ley
Núm. 246-2011, según enmendada, Ley para la Seguridad,
Bienestar y Protección de Menores (Ley Núm. 246-2011), 8
LPRA ant. sec. 1101 et seq., la cual establecía que abuso
sexual era:
[I]ncurrir en conducta sexual en presencia de un menor y/o
que se utilice a un menor, voluntaria o involuntariamente,
para ejecutar conducta sexual que de procesarse por la vía
criminal, configuraría cualesquiera de los siguientes
delitos: agresión sexual, actos lascivos, comercio de
personas para actos sexuales, exposiciones obscenas,
proposición obscena, producción de pornografía infantil,
posesión y distribución de pornografía infantil, utilización
de un menor para pornografía infantil; envío,
transportación, venta, distribución, publicación,
exhibición o posesión de material obsceno y espectáculos
obscenos según han sido tipificados en el Código Penal de
Puerto Rico. (Énfasis nuestro). Artículo 3 (b)de la
CC-2023-0270 14
Ley Núm. 246-2011, 8 LPRA ant. sec. 1101 citada en
Pueblo v. Rodríguez Orengo, supra, pág. 835.12
En suma, el Ofensor Sexual Tipo I incluye aquella
persona que comete abuso sexual el cual, a su vez, implica
incurrir en conducta que, de ser procesada por la vía
criminal, constituiría, entre otros delitos, el de actos
lascivos.
Por su parte, el Artículo 3 de la Ley Núm. 266-2004, 4
LPRA sec. 536a, enmendado por la Ley Núm. 243-2011, establece
que los convictos contemplados dentro de estas
clasificaciones deberán ser registrados. El término mínimo
para el Ofensor Sexual Tipo I conlleva permanecer en el
Registro por quince años, mientras que el Ofensor Sexual
12Ni la Ley Núm. 266-2004, según enmendada, conocida como la Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, 4 LPRA sec. 536 et seq., ni sus enmiendas mediante la Ley Núm. 243-2011, proveyeron una definición de abuso sexual para propósitos del Registro. Del mismo modo, el Código Penal de 2012 tampoco incorporó tal definición. Véase Pueblo v. Rodríguez Orengo, 213 DPR 821 (2024). Además, precisamos que, si bien es cierto que Ley Núm. 246-2011, según enmendada, Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, 8 LPRA ant. 1101 et seq., era una Ley de menores, en Pueblo v. Rodríguez Orengo, supra, la controversia era si procedía la inscripción en el Registro de ofensores sexuales de una persona convicta por el delito de exposiciones obscenas, cuando de los hechos acontecidos no haya surgido el elemento constitutivo de acto o conducta sexual contra la persona adulta.
Por otro lado, la vigente Ley Núm. 57-2023, según enmendada, Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, en su Artículo 3 (b) establece que abuso sexual es:
“Incurrir en conducta sexual en presencia de un menor o que
se utilice a un menor, voluntaria o involuntariamente, para
ejecutar conducta sexual dirigida a satisfacer la lascivia
o cualquier acto que, de procesarse por la vía criminal,
configuraría cualesquiera de los siguientes delitos:
agresión sexual, actos lascivos, comercio de personas para
actos sexuales, exposiciones obscenas, proposición obscena,
producción de pornografía infantil, posesión y distribución
de pornografía infantil, utilización de un menor para
pornografía infantil; envío, transportación, venta,
distribución, publicación, exhibición o posesión de material
obsceno y espectáculos obscenos según han sido tipificados
en el Código Penal de Puerto Rico y otras leyes penales
especiales”. (Énfasis nuestro). 8 LPRA sec. 1643.
CC-2023-0270 15
Tipo II deberá estar inscrito durante veinticinco años y el
Ofensor Sexual Tipo III, durante toda la vida. Artículo 5 de
la Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA sec. 536c.
Otro elemento significativo de las enmiendas
introducidas a la Ley Núm. 266-2004, supra, que resultaron
de la Ley Núm. 243-2011, es la reinstauración de la
distinción entre las personas que cumplen su sentencia en
una institución correccional y aquellas que la cumplen en la
libre comunidad. Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra. Sobre la
primera, la Ley dispone que el término comienza a correr
“desde que el ofensor sexual sea excarcelado”. Artículo 5 de
la Ley Núm. 266-2004, supra. Por otro lado, en cuanto a la
segunda, este se computa “desde que se emite la sentencia,
resolución o determinación para participar de [los] programas
[de libertad a prueba, libertad bajo palabra o programas de
desvío, tratamiento o rehabilitación], y se notifique su
inclusión al Registro”. (Énfasis nuestro). Íd.
Cabe precisar que, a pesar de que dichas clasificaciones
comprenden, en su mayoría, crímenes cuyas víctimas son
menores de edad, el propósito del Registro siempre ha sido
proteger a las víctimas de delitos sexuales.13 Pueblo v. Toro
Vélez, supra, (Opinión de conformidad del Juez Asociado señor
Rivera García); Placer Román v. ELA y otros, supra, (Opinión
concurrente del Juez Asociado señor Estrella Martínez). A
tales efectos, no puede interpretarse que el legislador tuvo
13Para propósitos de la Ley Núm. 266-2004, un menor de edad es “toda persona que no haya cumplido los dieciocho (18) años de edad”. Artículo 2 de la Ley Núm. 266-2004, supra.
CC-2023-0270 16
la intención de excluir a las víctimas adultas de esa
protección. Íd.
Al respecto, el Artículo 3 de la Ley Núm. 266-2004, el
cual quedó enmendado por el Artículo 2 de la Ley Núm. 243-2011, también dispone que serán registradas las siguientes
personas:
[…]
(b) Las personas que hayan sido o sean convictas por
delitos similares, o sus tentativas o conspiraciones, a los
enumerados en el Artículo 2 de esta Ley por un tribunal
federal, estatal, extranjero o militar, y se les haya
garantizado el debido proceso de ley en el país que fueron
convictos, que se trasladen a Puerto Rico para establecer
su residencia, o que por razón de trabajo o estudio se
encuentren en Puerto Rico, aunque su intención no sea la de
establecer domicilio en la Isla.
(c) Las personas convictas que disfruten de libertad
bajo palabra, condicionada, libertad a prueba, o algún
método alterno de cumplimiento de la pena de reclusión, por
alguno de los delitos o sus tentativas, según enumerados en
el Artículo 2 de esta Ley.
(d) Las personas que al momento de la aprobación de
esta Ley se encuentren recluidas o participando de algún
programa de desvío, tratamiento o rehabilitación de la
Administración de Corrección, o que posterior a la
aprobación de esta Ley sean sometidos a dichos programas,
por la comisión de alguno de los delitos enumerados o sus
tentativas o conspiraciones en el Artículo 2 de esta Ley.
Disponiéndose que en estos casos, una vez el acusado cumpla
con las condiciones impuestas por el Tribunal, y éste ordene
el sobreseimiento de la acción criminal, según lo disponen
las leyes pertinentes a dichos programas, el Sistema
eliminará la inscripción del acusado en el Registro aquí
establecido.
(e) Quedarán registradas las personas que al momento
de la aprobación de esta Ley, tenían la obligación de
registrarse bajo la Ley 28-1997, según enmendada.
(f) Las personas que hayan sido convictas por
cualquier delito de los enumerados en el Artículo 2 de esta
Ley, que ya extinguieron la pena impuesta y no se encuentren
registrados ni cumpliendo pena alguna por dichos delitos,
si resultan convictas por la comisión de cualquier delito
grave que no sea un delito sexual de los enumerados en
el Artículo 2 de esta Ley. No obstante, en estos casos, se
acreditará para efectos de la duración de la inscripción en
el Registro, el tiempo transcurrido desde el cumplimiento
de su sentencia, o método alterno de cumplimiento de la pena
de reclusión, hasta su inclusión en el Registro aquí
establecido.
(g) Las personas que hayan sido convictas por
cualquiera de los delitos enumerados en el Artículo 2 de
esta Ley y hagan alegación de culpabilidad por cualquiera
de los delitos o sus tentativas o conspiración. En estos
casos será compulsorio y no objeto de alegaciones preacordadas, el ingreso de la persona convicta al Registro.
(Énfasis nuestro). 4 LPRA sec. 536a.
CC-2023-0270 17
En atención a lo anterior, se colige que son varias las
personas obligadas a inscribirse en el Registro. Entre estas,
aquellas que comprenden las definiciones de Ofensores
Sexuales Tipo I, los Ofensores Sexuales Tipo II y los
Ofensores Sexuales Tipo III. También, la ley exige que se
incluyan en el Registro las personas convictas por los
delitos enumerados en el Artículo 2 de la Ley Núm. 266-2004,
supra.
Para propósitos de la Ley Núm. 266-2004, supra, se
considera convicto toda aquella persona que resulte culpable
de cometer algún delito establecido en dicha legislación,
sus tentativas o conspiraciones, según establecidos en dicha
Ley. Artículo 2 de la Ley Núm. 266-2004, supra. Además, la
definición de convicto incluye a toda persona que disfrute
de libertad bajo palabra, condicionada, libertad a prueba o
algún método de cumplimiento alterno de la pena de reclusión,
por los delitos -incluyendo sus tentativas o conspiracionesestablecidas en la Ley Núm. 266-2004, supra.
En cuanto a los delitos incluidos en el Artículo 2 de
la Ley Núm. 266-2004, supra, los cuales requieren el registro
de la persona que los cometa, se encuentran los siguientes:
(3) “Delito Sexual” — En general, excepto por lo dispuesto
en los sub-incisos (a) y (b), incluye lo siguiente:
(i) un delito que tenga como elemento constitutivo un
acto sexual o conducta sexual con otra persona;
(ii) un delito específico contra un menor de edad;
(vi) una tentativa o conspiración para cometer
cualquier delito descrito en los sub-incisos (i) al (v) de
este inciso.
(b) Un delito que incluya conducta sexual consentida
no es un delito sexual para propósitos de esta Ley, si la
CC-2023-0270 18
víctima es un adulto, a menos que dicho adulto esté bajo la
custodia legítima del ofensor al momento del delito.
(Énfasis nuestro).
La definición de delito sexual, “procura reafirmar que,
para propósitos de la inscripción de una persona convicta en
el Registro, se requiere que el delito cometido contenga
hechos que configuren un elemento constitutivo de un acto o
una conducta sexual con otra persona”. Pueblo v. Rodríguez
Orengo, supra, pág. 830. Se trata de delitos que deben estar
tipificados en legislación de índole penal. National
Guidelines, pág. 7. Véase, además, Pueblo v. Rodríguez
Orengo, supra, pág. 830. Según las National Guidelines, los
delitos sexuales incluidos en dicha definición deben
envolver los siguientes elementos:”(i) any type or degree of
genital, oral, or anal penetration, or (ii) any sexual
touching of or contact with a person’s body, either directly
or through the clothing.” National Guidelines, pág. 17.
Además, es preciso mencionar que la definición de delito
sexual —que abarca aquellos delitos cuyo elemento
constitutivo es un acto sexual o una conducta sexual con
otra persona— incluye a las víctimas adultas, salvo cuando
la conducta haya sido consentida y el adulto no se encontrara
bajo la custodia legítima del ofensor. Véase Artículo 2 de
la Ley Núm. 266-2004, supra. De hecho, nótese que dicha
definición contempla expresamente el delito sexual cometido
contra un menor de edad.
Ahora bien, corresponde preguntarse si el delito de
actos lascivos tipificado en el Código Penal de 1974 CC-2023-0270 19
constituye un delito sexual para efectos de la Ley Núm. 266-2004, supra.
El Artículo 105 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de
1974, según enmendada, conocida como Código Penal de 1974,
tipificaba el delito de actos lascivos o impúdicos. En
específico, el referido artículo disponía:
Toda persona que sin intentar consumar acceso carnal
cometiere cualquier acto impúdico o lascivo con otra será
sancionada con pena de reclusión según más adelante se
dispone si concurrieran cualesquiera de las siguientes
modalidades:
(a) Si la víctima fuere menor de 14 años.
(b) Si la víctima ha sido compelida al acto mediante
el empleo de fuerza física irresistible o amenaza de grave
e inmediato daño corporal, acompañada de la aparente aptitud
para realizarlo, o anulando o disminuyendo sustancialmente,
sin su conocimiento, su capacidad de resistencia a través
de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes
o sustancias o medios similares.
(c) Si la víctima, por enfermedad o defecto mental
temporero o permanente, estuviere incapacitada para
consentir legalmente.
(d) Si la víctima fuere compelida al acto mediante el
empleo de medios engañosos que anulen o disminuyan
sustancialmente, sin su conocimiento, su capacidad de
resistencia.
(e) Si la víctima es su ascendiente o descendiente en
todos los grados o su colateral por consanguinidad hasta el
tercer grado tanto de vínculo doble como sencillo e
incluyendo la relación de padres, hijos o hermanos por
adopción.
[…]. 33 LPRA ant. sec. 4067.
El acto lascivo o impúdico “es aquel que tiende a
despertar, excitar o satisfacer la impudicia, la pasión o
los deseos sexuales del sujeto activo”. Pueblo v. Lugo Fabre,
179 DPR 125, 135 (2010) (Sentencia) citando a D. NevaresMuñiz, Código Penal de Puerto Rico, 6ta ed., San Juan, Inst.
para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2000, pág. 207.
Constituye un delito que ofende el pudor e indemnidad sexual
de la víctima, pero se realiza sin la intención de consumar
la penetración sexual. Pueblo v. Lugo Fabre, supra. Obsérvese
CC-2023-0270 20
que el acto lascivo “puede consistir en el contacto con el
cuerpo de la víctima u obligar o inducir a ésta a realizar
actos sobre la persona del imputado para excitar o satisfacer
los deseos sexuales de éste”. Íd., pág. 236.
Entonces, lo anterior nos permite concluir que las
personas convictas por actos lascivos o impúdicos contra
adultos se encuentran incluidas en el Artículo 2 de la Ley
Núm. 266-2004, supra, y, por tanto, están obligadas a
registrarse. Este es un delito sexual tipificado por nuestro
ordenamiento jurídico que implica una conducta sexual,
mediante la cual el ofensor sexual busca satisfacer la
lascivia a través del contacto con la víctima o mediante la
obligación o inducción de esta a realizar actos sobre la
persona del ofensor.
De igual modo, no podemos perder de perspectiva que los
convictos por actos lascivos han estado sujetos a dicha
obligación desde la creación del Registro en el 1997. En
consecuencia, la aprobación de la Ley Núm. 243-2011 no alteró
tal deber de inscripción. Véase Pueblo v. Toro Vélez, supra,
(Opinión de conformidad del Juez Asociado señor Rivera
García); Placer Román v. ELA y otros, supra, (Opinión de
concurrente del Juez Asociado señor Estrella Martínez).
Ello, a su vez, es cónsono con la política pública de
proteger a todos los sectores de la sociedad de delitos
sexuales.
D. Retroactividad de la Ley Núm. 243-2011
CC-2023-0270 21
En Pueblo v. Ferrer Maldonado, este Tribunal resolvió
que “la aplicación retroactiva de las enmiendas introducidas
por la Ley Núm. 243-2011 a la Ley Núm. 266-2004 no violan la
prohibición constitucional en contra de la aplicación de
leyes ex post facto”. Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág.
999. Dicha interpretación responde a la naturaleza civil, y
no punitiva, de la Ley Núm. 266-2004, supra, y las enmiendas
introducidas por la Ley Núm. 243-2011. Íd. Por tanto,
sostuvimos que “todas las disposiciones contenidas en las
enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011 aplican de
forma retroactiva, independientemente de si la persona que
impugna su anotación en el Registro arguye que, en su
situación particular, corresponde emplear el principio de
favorabilidad.” Íd., pág. 999.
III
En el caso ante nuestra consideración, el peticionario
sostiene que las enmiendas introducidas a la Ley Núm. 266-2004, supra, mediante la Ley Núm. 243-2011, no incluyen el
delito de actos lascivos contra una persona mayor de edad
entre aquellos que activan la obligación de inscribir al
convicto en el Registro. Además, apunta que ya cumplió con
el término de diez años impuesto por la Ley aplicable a su
caso. Por su parte, el Procurador General señala que el
delito de actos lascivos cuando la víctima es un adulto está
incluido dentro de la clase de Ofensor Sexual Tipo II de la
Ley Núm. 266-2004, supra.
CC-2023-0270 22
Como surge del derecho antes consignado, en virtud de
nuestra determinación en el caso Pueblo v. Ferrer Maldonado,
supra, las disposiciones de la Ley Núm. 243-2011 se aplican
de manera retroactiva. En consecuencia, la Ley Núm. 266-2004, supra, enmendada por la Ley Núm. 243-2011, constituye
la legislación aplicable al caso de epígrafe.
Dicho esto, corresponde determinar si, conforme a las
enmiendas introducidas a la Ley Núm. 266-2004, supra, una
persona convicta por el delito de actos lascivos contra un
adulto debe ser registrada como ofensor sexual bajo alguna
de las categorías previstas en dicha legislación. Luego de
su análisis, sostengo que dichas personas deben inscribirse
como Ofensor Sexual Tipo I. Veamos.
Según el Ministerio Público, el delito de actos lascivos
sin minoridad está incluido en la definición del Ofensor
Sexual Tipo II. A su juicio, la inclusión de la conjunción
“o”, en lugar de la conjunción “y”, denota la intención
legislativa de separar a quienes cometen los delitos
enumerados en la definición de Ofensores Sexuales Tipo II,
de los que resultan convictos por su tentativa o
conspiración, para los que se requiere que la víctima sea
menor de edad. En específico, el Artículo 5 (9) establece
que las “[p]ersonas que resulten convictas por los siguientes
delitos o su tentativa o conspiración cuando la víctima fuere
un menor de edad:(i) Actos lascivos o impúdicos […].
No podemos avalar la postura del Procurador. La
conjunción copulativa “y” se utiliza para conectar CC-2023-0270 23
expresiones, por lo que todas las instancias deberán estar
conectadas para que la norma aplique. J. Farinacci Fernós,
Hermeneútica puertorriqueña: Cánones de interpretación
jurídica, San Juan, Editorial InterJuris, 2019, pág. 117.
Por otro lado, la conjunción “o” es una conjunción disyuntiva
que denota separación. Por lo tanto, será suficiente que
ocurra una de las instancias para que la norma aplique. Íd.
No obstante, la conjunción disyuntiva “o” también puede
significar alternativa, cosas o ideas. Morales et als. v.
Marengo et al., 181 DPR 852, 862 (2011). “[A]mbas ‘son de
significado intercambiable y que si la legislación usa una
de ellas y la intención evidente es la de que se debió usar
la otra, se sustituye una por la otra´” Pueblo v. Villafane,
Contreras, 139 DPR 134, 145 (1995).
Por tanto, la intención legislativa detrás de la
conjunción “o” en la definición de Ofensor Sexual Tipo II
era indicar que el elemento de la minoridad es necesario en
las instancias en donde el ofensor resulta convicto por los
delitos allí enumerados o, en la alternativa, cuando se hayan
materializado sus respectivas tentativas o conspiraciones.
Esta interpretación se ajusta a la definición del Ofensor
Sexual Tipo II establecida en la Ley SORNA, la cual dispone
que este: “is comparable to or more severe than the following
offenses, when committed against a minor, or an attempt or
conspiracy to commit such an offense against a minor.” 34 USC
sec. 20911. De lo contrario, resultaría improcedente
utilizar la conjunción “y”, pues no se puede encontrar
CC-2023-0270 24
culpable a una persona de cometer un delito y, a su vez,
cometer su tentativa.
Por otro lado, tampoco es posible acoger el razonamiento
del Tribunal de Apelaciones de que el peticionario es un
Ofensor Sexual Tipo III. La Ley 266-2004, supra, establece
que será un Ofensor Sexual Tipo III la persona que resulte
convicta por actos lascivos cuando la víctima no ha cumplido
los dieciséis años o cuando la víctima no ha cumplido los
trece años. Por ende, surge expresamente de dicha definición
que solo incluye el delito de actos lascivos cuando la
víctima es menor de edad. En este extremo, la Ley es clara
y libre de toda ambigüedad, por lo que, de acuerdo con el
principio de hermenéutica, no debemos menospreciarla bajo el
pretexto de cumplir su espíritu. Vázquez et al. v. DACo, 2025
TSPR 56, 216 DPR __ (2025).
En esa línea, si bien es cierto que los hechos
repudiables imputados contra el peticionario involucraban a
una víctima menor de catorce años, este se declaró culpable
y fue convicto por el delito de actos lascivos sin el
elemento de minoridad. El peticionario descansó y confió en
el preacuerdo alcanzado con el Ministerio Público.
Aclarado lo anterior, pasemos a discutir las razones
por las cuales el peticionario cumple con la definición de
Ofensor Sexual Tipo I.
Con relación al delito que generó la controversia del
caso que no ocupa, la Ley 266-2004, supra, dispone que, si
la víctima del delito es menor de edad, pero no menor de
CC-2023-0270 25
dieciséis años, el convicto será un Ofensor Sexual Tipo II.
Si la víctima no ha cumplido los dieciséis años, el convicto
será registrado como un Ofensor Sexual Tipo III. Ciertamente,
la Ley no establece expresamente cómo debe ser registrado el
convicto del delito de actos lascivos cuando la víctima es
mayor de edad.
Sin embargo, como discutí previamente, el estándar
mínimo que requiere la Ley SORNA para el Ofensor Sexual Tipo
I o “Tier I sex offender” es aquel que no sea un Ofensor
Sexual Tipo II o Tipo III. En otras palabras, se trata de
una categoría residual que incluye a aquellos ofensores
sexuales que no cumplen con los criterios para las categorías
II y III.
Conforme a la Ley Núm. 266-2004, supra, un ofensor
sexual es aquel que resulta convicto de cometer un delito
sexual. Así, el delito sexual incluye aquel que tenga como
elemento constitutivo un acto sexual o conducta sexual con
otra persona, es decir, sin distinción de edad. En ese
sentido, el delito de actos lascivos cometido contra una
persona mayor de edad se ajusta a la definición de “delito
sexual” provista en el Artículo 2 de la Ley Núm. 266-2004,
supra, toda vez que, como mencionamos previamente, implica
una conducta sexual con otra persona en la que el ofensor
busca satisfacer su lascivia mediante el contacto con la
víctima o mediante la obligación o inducción de esta a
realizar actos sobre la persona del ofensor. Asimismo, dicha
legislación exige el registro de cualquier persona que haya
CC-2023-0270 26
cometido un delito sexual. Incluso, al configurarse el delito
sexual de actos lascivos, también se incurre en conducta de
abuso sexual, lo cual constituye un cumplimiento con el
requisito para la inscripción de un convicto como Ofensor
Sexual Tipo I.14
En consecuencia, el delito de actos lascivos o impúdicos
cometidos contra personas mayores de edad se enmarca en el
estándar mínimo de la definición “Tier I sex offender” que
exige la Ley SORNA, pues cumple con la definición de “delito
sexual” del Articulo 2 de la Ley Num. 266-2004, supra, lo
que a su vez lo hace constitutivo de abuso sexual según lo
hemos definido para el Ofensor Sexual Tipo I de dicha
legislación. De hecho, el Departamento de Justicia federal
ha interpretado que cuando la víctima del delito de actos
lascivos es mayor de dieciocho años, el convicto debe ser
registrado como Ofensor Sexual Tipo I.15 Lo anterior también
14 Véase definición de abuso sexual de la Ley Núm. 246-2011, según enmendada, Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, 8 LPRA ant. sec. 1101 et seq.
15
En enero de 2016, la Office of Sex Offender Sentencing, Monitoring, Apprehending, Registering, and Tracking (SMART) del Departamento de Justicia federal publicó el SORNA Implementation Review Territory of Puerto Rico. En lo concerniente al caso que nos ocupa, el documento establece lo siguiente:
“SORNA requires that Tier II offenders register for a minimum
of 25 years and semiannually verify registration
information. The following offenses listed in Puerto Rico’s
statutes would require, at a minimum, Tier II registration
requirements under SORNA.
§105 (1974) 33 L.P.R.A. §4067 Lewd and Indecent
Acts (victim 16 or older)
This will be a tier I offense when the victim is 18 or older,
and a tier II offense when the victim is 16 or 17
§111(a) (1974) 33 L.P.R.A. §4073(a) Pimping (minor
victim)
CC-2023-0270 27
es cónsono con el fin protector que persigue la Ley Núm.
266-2004, supra.
Por consiguiente, al peticionario cumplir con la
definición del Ofensor Sexual Tipo I, este se encontraba
obligado a permanecer en el Registro por el término de quince
años que establece la Ley Núm. 266-2004, supra.16 El 7 de
julio de 2006, el Tribunal de Primera Instancia dictó
sentencia en su contra para ser cumplida de forma concurrente
mediante el beneficio de sentencia suspendida. Conforme
establece la Ley Núm. 266-2004, supra, su término para
permanecer en el Registro comenzó a contar desde que se
emitió dicha sentencia. De este modo, el tiempo de
inscripción del peticionario como Ofensor Sexual Tipo I se
cumplió el 7 de julio de 2021.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, concluyo que las
personas convictas por el delito de actos lascivos o impúdicos
cometidos contra un adulto quedan incluidas bajo la
§142(f) (2004) 33 L.P.R.A. §4770(f) Sexual Assault
(deception)
§142(h) (2004) 33 L.P.R.A. §4770(h) Sexual Assault
(incest)
§142(i) (2004) 33 L.P.R.A. §4770(i) Sexual Assault
(trust relationship)
§144 (2004) 33 L.P.R.A. §4772 Lewd Acts”
(Énfasis Nuestro). SORNA Implementation Review Territory of
Puerto Rico—Revised, enero de 2016,
https://smart.ojp.gov/sorna/sorna-implementation-status,
págs. 8-11.
16Aclaro que, si peticionario hubiera resultado convicto por los actos cometidos contra una menor de catorce años, este estaría obligado a inscribirse como Ofensor Sexual Tipo III.
CC-2023-0270 28
definición de Ofensor Sexual Tipo I de la Ley Núm. 266-2004,
supra. Por lo tanto, el peticionario debía permanecer
inscrito en el Registro por el término de quince años
dispuesto por Ley, término que ya cumplió. Por lo cual,
procede la eliminación de toda su información del Registro
de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra
Menores.
Camille Rivera Pérez
Jueza Asociada